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Pensarnos un nuevo sistema de salud

¿Hasta dónde debe llegar el estado? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2019, cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios sanitarios básicos y cerca de 100 millones de personas se ven abocadas a la pobreza extrema, es decir que viven con 1,90 USD al mes o con menos en muchos casos. Aproximadamente un 12% de toda la población gasta un 10% de su ingreso familiar al pago de los servicios de salud

Por Jeimar Cogollo

Hoy vemos como tras la nueva pandemia del COVID-19 surgen nuevamente discusiones que van mucho más allá del debate que nos plantean desde el inicio de la guerra fría, ahora la discusión se debe centrar entre un estado ausente o un estado responsablemente presente.


¿Hasta dónde debe llegar el estado? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2019, cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios sanitarios básicos y cerca de 100 millones de personas se ven abocadas a la pobreza extrema, es decir que viven con 1,90 USD al mes o con menos en muchos casos.

Aproximadamente un 12% de toda la población gasta un 10% de su ingreso familiar al pago de los servicios de salud. Nos damos cuenta que el objetivo de “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” que se encuentra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se cumplió. A partir de esto los 193 estados miembros de las Naciones Unidas acordaron tratar de alcanzar una cobertura sanitaria universal (CSU) para el año 2030.


La CSU implica que todas las personas y/o comunidades puedan acceder al sistema de salud sin la necesidad de pasar dificultades económicas para poder pagar la atención. Esta abarca todos los niveles de atención, desde la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos.


Actualmente Estados Unidos de Norteamérica está lejos de eso, la crisis que está viviendo el país por el COVID-19 ha dejado más de 8000 muertes y la suma de infectados escala por arriba de los 300.000 según la Universidad John Hopkins. El gobierno insiste en derogar la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible o más conocida como “Obamacare”; la ley exige a la mayoría de los adultos no cubiertos por un plan de salud, ya sea proporcionado por sus empleadores o patrocinado por el gobierno, que mantengan una cobertura, arriesgándose en caso contrario a ser penalizados con una multa.


La elegibilidad de Medicaid, el programa de salud de los Estados Unidos para personas de bajos recursos, se amplía para incluir a personas que ganen hasta el 133% del umbral de pobreza; sin embargo este programa lo administra cada estado por ende cada uno puede optar por no ampliar dicho programa. La ley afecta a ciertos aspectos de la industria privada de los seguros de salud. Uno de ellos es que le prohíbe a las compañías de seguros tener en cuenta condiciones preexistentes o el sexo, exigiéndoles otorgar cobertura a todos los solicitantes y a ofrecer las mismas tarifas sin importar su estado de salud o sexo. Además, esta ley busca ampliar la cobertura para incluir a 30 millones de estadounidenses no asegurados.
Esto es consecuencia de un sistema de salud privatista como el impulsado en Colombia a partir de la ley 100 de 1993, con la que se beneficia a los privados simplemente por el hecho de ser intermediarios y se le dio paso a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) las cuales son, hoy, el principal problema para la salud de todos los y las colombianas. A éste modelo Argentina quería adoptarlo en el año 2017 con la Cobertura Universal de Salud, Sin embargo el sistema sanitario del país ya es universal y gratuito desde 1946, siendo el Estado el garante de la salud de su población, abarcando así los sectores sindicales, estatales y paraestatales.


El papel del Foro para el Progreso de América del Sur (ProSur) ha sido nulo, mientras el MerCoSur empezó a convocar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco de Desarrollo de América Latina – CAF y a el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca de la Plata – FONPLATA para que evalúen en forma conjunta líneas de acción que contribuyan a enfrentar eficazmente los desafíos derivados del combate a la propagación del Coronavirus y sus consecuencias en los Estados Partes del MERCOSUR. Nos queda pensar en el fortalecimiento del sistema de salud público, ¿qué beneficios se puede otorgar a los y las profesionales de salud?, la calidad de la atención a la población en su conjunto es directamente proporcional a la calidad de vida laboral, mejores salarios, disminuir los guardias extensas, mayores suministros en los hospitales públicos, este último punto fue crucial para que al COVID-19 tuviera una alta tasa de morbilidad en muchos países, Italia, China, EEUU, Ecuador, entre otros.


El orden de las prioridades pos-pandemia debe empezar a modificarse, es menester un sistema sanitario que permita un acceso a toda la sociedad en su conjunto en términos geográficos, culturales y también económicos, que garantice a sus profesionales cuidados necesarios dentro del horarios laboral, seguridad, y un paquete de derechos laborales que sea superadores en comparación con los que cuentan ahora; la universalidad en el sistema de salud es la salida para las próximas emergencias, los sistemas de salud que vienen desarrollándose por países como EEUU no están funcionando, pero vemos países emergentes y algunos países desarrollados que el sistema gratuito para su población generó un aumento en la calidad de vida, Argentina con el sistema de salud universal que hoy rige y con su fortalecimiento debe ser un modelo de réplica, al menos por los organismos supranacionales en donde Argentina se encuentra inmerso.

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