Por: Mario Canaviri
La Justicia porteña ordenó el cese de la política de desalojos arbitrarios ejecutada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La medida llega apenas un día después del operativo policial que desmantelo los puestos de trabajadores de la economía popular sobre la Avenida Perito Moreno, en el ingreso a la villa 1-11-14.
El fallo judicial, impulsado por las presentaciones de familias afectadas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CEAPI) y los legisladores «Pitu» Salvatierra y Victoria Freire, representa un freno directo a la estrategia del jefe de Gobierno porteño de mostrarse como un referente de «mano dura» a costa del trabajo autogestivo.
La gravedad de la situación no es un hecho aislado. Según las denuncias presentadas en la causa y difundidas por el portal Indymedia Argentina, las cifras son alarmantes: durante 2026, seis de cada diez desalojos en CABA se ejecutaron sin orden judicial.
Esta resolución confirma lo que los vecinos del Bajo Flores denunciaron durante el violento avance de los efectivos policiales de ayer. Para las familias que sostienen las ferias, el accionar de la fuerza no es un simple «ordenamiento del espacio público», sino un ataque directo a la subsistencia de quienes, al no tener un empleo registrado, dependen de la venta ambulante para llevar el pan a la mesa.
«Es sacarles el laburo a muchas personas»
Gloria, vecina del barrio e integrante de la Red de Docentes del Bajo Flores, presenció cómo se desarrollaba el operativo policial mientras iba a hacer un trámite a la parroquia Madre del Pueblo. Su relato expone la crudeza de la medida en primera persona: «Estaban pidiendo documentación y buscando a los que estaban en situación de calle para poder llevárselos prácticamente».
El golpe institucional a la economía popular incluyó la incautación de carros y mercadería por parte de la Policía de la Ciudad. Para quienes viven al día, el impacto es inmediato y devastador.
«La verdad es que para los vecinos es una pérdida de trabajo porque es un día que no tuvieron ingreso. Muchos no tienen para pagar un alquiler de un local y por eso tienen que vender sobre la avenida», explicó la referente barrial. Y agregó: «Hoy la economía de los vecinos es lamentable porque al querer desocupar estos puestos es sacarles el laburo a muchas personas que dependen mucho de esto: para pagar los alquileres, la SUBE o los materiales de estudio que necesitan sus hijos para poder estudiar”.
La verdadera deuda: urbanizar en lugar de perseguir.
Perseguir trabajadores en lugar de la urbanización
Gloria fue clara al señalar cuáles deberían ser las prioridades del Gobierno de la Ciudad. «Deberían, en vez de vulnerabilizar a los vecinos, ubanizar los barrios populares, arreglar las calles, poner senderos luminosos, tener más control en los paraderos de los colectivos, y tratar de volver a poner los colectivos que pasaban por la avenida».
Además, la demanda vecinal exige que el Gobierno preste atención a la salud pública y se enfoque «en sacar las basuras que contaminan el medio ambiente y también al barrio, donde abunda la rata y tantas enfermedades que pueden afectar la salud de los chicos y chicas».
Cuidados comunitarios: cuando el barrio salva al barrio
Ante un Estado que desaloja y margina, las organizaciones sociales, docentes y vecinos activaron protocolos de alerta y redes de prevención comunitaria para evitar abusos policiales y defender la poca mercadería que poseen. La Red de Docentes del Bajo Flores, en conjunto con espacios sociales, emitió un informativo digital brindando herramientas para prevenir detenciones arbitrarias, evitar la incautación injusta de la mercadería y habilitar canales de información legal.
«Lo que estamos implementando, lo que llamamos cuidados comunitarios, es para poder nosotros como vecinos cuidarnos, juntarnos y salir o acercarnos a los operativos entre todos los vecinos cuando esto llega a suceder», detalló Gloria sobre esta estrategia de autodefensa territorial.
Con el respaldo de la reciente medida judicial a su favor, la comunidad se mantiene en alerta. «Tenemos que salir y luchar en unidad en las calles, y salir a defender a nuestras vecinas y vecinos que viven de ese puesto de trabajo», concluyó.











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