Por Matías Gonzalez Pagalday // Vecino de la Villa 21-24 de La 21 Barracas, abogado novel de Abogacia UNDAV
Hay que terminar con la criminalización, las detenciones y los juicios a los trabajadores.
Cada vez que se realiza y se da publicidad (con fines políticos) a un operativo para retirar puestos de venta de una vereda o decomisar mercadería de vendedores ambulantes, se suele repetir un debate que genera posiciones enfrentadas. De un lado aparecen quienes reclaman recuperar el espacio público; del otro, quienes sostienen que esas personas simplemente están intentando ganarse la vida.
Lo cierto es que, detrás de esa discusión, existe un problema mucho más profundo: la Ciudad de Buenos Aires todavía no cuenta con una ley que regule de manera integral la economía popular.
Hoy, miles de personas obtienen sus ingresos vendiendo alimentos, ropa, artesanías o distintos productos en ferias y espacios públicos. Muchas de ellas no forman parte del comercio tradicional ni tienen posibilidades reales de acceder a las habilitaciones previstas para un local comercial. Sin embargo, la legislación vigente tampoco les ofrece un camino claro para desarrollar su actividad de manera regular.
El resultado es un sistema que funciona a fuerza de excepciones, operativos y decisiones judiciales. Cuando no existe una norma que contemple una realidad social, esa realidad no desaparece: simplemente pasa a resolverse caso por caso. Y eso es exactamente lo que viene ocurriendo desde hace años.
La Justicia de la Ciudad ha intervenido en numerosos conflictos relacionados con vendedores ambulantes, feriantes y trabajadores de la economía popular. Algunos reclamaron porque les decomisaron la mercadería con la que sostenían a sus familias; otros cuestionaron desalojos o pidieron autorizaciones para seguir trabajando. Del otro lado, el Gobierno de la Ciudad argumenta que es su obligación “garantizar el uso del espacio público” y se vale de su poder ordenatorio y sancionatorio propias de sus facultades administrativas y muchas veces mediante operativos policiales.
En definitiva, son los jueces quienes terminan resolviendo un problema que, en realidad, debería haber sido abordado hace tiempo por el Poder Legislativo.
Esta judicialización permanente no beneficia a nadie. Para los trabajadores significa años de incertidumbre y costos que muchas veces no pueden afrontar. Para el Estado implica destinar recursos a litigios reiterados, además de enfrentar fallos que pueden limitar o modificar la forma en que lleva adelante sus políticas públicas. Y para la sociedad en su conjunto representa la falta de reglas claras frente a un fenómeno que crece desde hace décadas.
El problema no radica en que la Ciudad controle el uso del espacio público. Esa es una responsabilidad que le corresponde y que resulta necesaria para garantizar la convivencia urbana. La verdadera dificultad aparece cuando todas las situaciones reciben prácticamente la misma respuesta, sin distinguir entre una organización dedicada a explotar ilegalmente el espacio público y una persona que vende algunos productos para sostener a su familia.
Esa ausencia de diferencias genera tensiones que podrían evitarse con una legislación específica. No se trata de habilitar cualquier actividad ni de permitir una ocupación indiscriminada de calles y veredas. Se trata de reconocer que la economía popular existe, que cumple una función social y que necesita reglas propias, compatibles con el orden urbano y con los derechos de quienes dependen de esas actividades para vivir.
Además, la discusión no se agota en el plano local. La Argentina ha asumido compromisos internacionales que reconocen el derecho al trabajo, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Eso no significa que exista un derecho absoluto a vender en el espacio público, pero sí obliga a que las decisiones del Estado sean razonables y proporcionadas, especialmente cuando afectan a personas en situación de vulnerabilidad. Si una medida puede dejar a una familia sin su única fuente de ingresos, resulta indispensable que existan procedimientos claros y alternativas antes de recurrir a las sanciones más severas.
Una ley de economía popular permitiría justamente eso: establecer criterios objetivos, crear mecanismos de regularización, ordenar el uso del espacio público y reducir la discrecionalidad con la que hoy deben actuar tanto la Administración como la Justicia. También ofrecería un camino para que quienes quieran formalizar su actividad puedan hacerlo de manera gradual, en lugar de quedar atrapados entre la informalidad y la sanción.
La Ciudad necesita dejar de administrar estos problemas únicamente mediante operativos y expedientes judiciales. La economía popular no es un fenómeno transitorio ni excepcional; forma parte de la realidad económica y social de Buenos Aires. Ignorarla no la hará desaparecer.
Las mejores políticas públicas no son aquellas que obligan a elegir entre el orden y la inclusión, sino las que logran equilibrar ambos objetivos. Contar con un régimen legal específico para la economía popular no significa resignar el control del espacio público. Significa, simplemente, reemplazar la improvisación por reglas claras, reducir los conflictos antes de que lleguen a los tribunales y ofrecer una respuesta más inteligente, más justa y más acorde con la realidad que vive la Ciudad.
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