Ante la escalada de los despliegues policiales sorpresivos en los barrios populares, la Red de Docentes del Bajo Flores y diversas organizaciones presentaron un esquema de cuidados comunitarios. La herramienta detalla cómo actuar ante detenciones, cómo documentar abusos y qué derechos amparan a la comunidad migrante
Por Mario Canaviri
Los operativos policiales «Tormenta Negra» —bautizados así por el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri— se han convertido en una amenaza constante para los vecinos del Bajo Flores. Estos despliegues irrumpen sin aviso, paralizando la economía popular y generando un clima de tensión que muchas veces deriva en violencia institucional y detenciones arbitrarias.
Como respuesta colectiva, la comunidad organizó un documento de acción rápida para resguardarse. El protocolo hace especial hincapié en la protección de los trabajadores de las ferias, recomendando que, ante la llegada de estos procedimientos, la prioridad sea ocultar sus productos de venta.
“En muchos casos, es preferible perder una tarde de trabajo frente a la posibilidad de sufrir un secuestro de mercadería o violencia policial”, advierte el escrito, marcando una postura clara de autodefensa y organización barrial.
El derecho a registrar y el protocolo de detención
Uno de los ejes centrales de la guía es la documentación visual de los procedimientos. La Red aconseja a los vecinos filmar el accionar policial, intentando captar los rostros de los efectivos, pero siempre priorizando el autocuidado: recomiendan hacerlo desde ventanas o balcones para evitar la exposición directa y las confrontaciones.
En caso de que el operativo resulte en detenciones, la organización barrial estableció un paso a paso para tener en cuenta:
- Preguntar inmediatamente el nombre completo, edad y DNI de la persona mientras es trasladada.
- Solicitar información precisa sobre a qué comisaría será derivado el detenido.
- Averiguar los motivos de la detención y qué fiscalía interviene en el procedimiento.
Alerta por la estigmatización de la comunidad migrante
El protocolo dedica un apartado especial a los vecinos migrantes, un sector de la población frecuentemente vulnerado por la desinformación y las políticas anti migrantes de parte de Gobierno Nacional y el gobierno porteño.
Desde la Red aclaran que no existe justificación legal para detener a una persona por no tener su documentación regularizada. Asimismo, recuerdan que las detenciones por cuestiones migratorias solo son válidas si existe una orden de expulsión firme respaldada por un juez, un proceso que no es inmediato y frente al cual la persona tiene pleno derecho a la defensa.
Ante situaciones de violencia o abusos, las organizaciones instan a comunicarse las 24 horas con la Defensoría del Pueblo al 0800-333-36337.
Sé el primero en comentar