En el día de ayer miércoles 4 de marzo desde la mañana, en la Villa 31, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) con custodia de Policía de la Ciudad procedió a secuestrar una gran cantidad de materiales del corralón, ubicado en el Barrio Cristo Obrero por “incumplir” varias normas de seguridad.
Algunas de las normas incumplidas detalladas por la AGC son: falta luces de emergencia, falta de oblea fumigación, falta de obleas de matafuegos, por no ajustarse a la ley de Autoprotección, por coexistencia de vivienda, por garrafa conectada a cocina, por falta de señalización en escaleras, por falta de seguro integral de comercio, por falta de tapa tablero de electricidad…
Sin tener en cuenta que algunas de las normas requeridas, son faltantes, no por «querer incumplir la ley», sino es consecuencia de una falta estructural que el Estado nunca pudo dar respuesta, que es el acceso a los derechos y servicios básicos en ninguna villa de la Ciudad.
Los propietarios en el día de ayer se contactaron con la Defensoría General para acompañar y garantizar el proceso de recuperación de los materiales secuestrados, que estaban en la vía pública, teniendo en cuenta que actuaron sin orden de allanamiento dentro del local y refiriendo a este atropelló como es violencia institucional.
La información que recibieron los vecinos es que “Negocios que no tenga permiso de habilitación será allanados y sus mercaderías decomisadas en su totalidad”
En un contexto donde crece el desempleo, la gente resuelve con lo que puede, es obligada a «emprender» desde lo discursivo pero tambien desde lo material para llegar a fin de mes, esta forma de accionar del AGC solo genera desesperación y angustia para las personas que estan intentando trabajar todos los días.
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