Por Alan Gómez, integrante de Berretines audiovisual de Villa 21-24 ///
Los datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, reflejan que el aparato represivo del actual gobierno ya superó los niveles de violencia institucional del menemismo.
El testimonio de Joaquín Zúñiga, sobreviviente del crimen de Lucas González, pone en primer plano la crudeza de una realidad que se repite en los barrios populares.
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El crimen de Lucas: cronología de una cacería policial
“Yo me agaché, escuché los disparos, los vidrios rompiéndose. Cuando me levanté, lo vi a Lucas malherido. Gritaba. Pobrecito… hasta que dejó de quejarse.”
Joaquín Zúñiga sobrevivió al crimen que terminó con la vida de su amigo, Lucas González. Desde entonces arrastra una herida que no cierra: la de haber visto cómo la Policía dispara primero y pregunta después, si es que pregunta. Su relato no es solo el recuerdo de un hecho puntual, es el testimonio vivo de una generación marcada por el color de su piel y el lugar en donde vive.
“Ese viernes fuimos a Constitución, de ahí tomamos el 59 y después al barrio. Entrenamos en la cancha de Cacho, en la Villa 21-24. Con Lucas, Julián y otro amigo frenamos a comprar un jugo en el kiosco de Iriarte y Luna. Ahí ya nos marcaron, pasaron al lado. Después nos persiguieron. Está en los videos. Nos seguían con carpa. Se nos cruzaron, se bajaron y nos tiraron.»
El miedo explotó en segundos, Joaquín alcanzó a mandarle un audio a su mamá. “No estaban identificados, no tenían chaleco ni nada. Uno de los pibes se corre y veo un fierro apuntando. Logré agacharme y escuché los disparos. Cuando me levanto, Lucas estaba mal. Quedó en el regazo de Julián, que manejaba. Seguían tirando. Pensamos que nos querían robar.»
A partir de ese momento, el operativo fue una maquinaria feroz para encubrir el crimen.
“Nos cruzamos con dos mujeres policías. Pedimos ayuda. No entendían nada. Les habían dicho por radio que éramos ladrones. Uno me estampó contra una reja verde. ‘¿Dónde está el fierro?’, nos gritaban. Les dije que veníamos de entrenar, que éramos jugadores de Barracas Central. ‘¿De dónde son?’ —’De Varela’— ‘Ah, son villeros. Vinieron a robar hasta acá’. Y me dijo: ‘A vos también hay que darte un tiro en la cabeza’. Ese policía está libre. Es Sebastián Baidon.”
Lucas fue llevado al Hospital Penna, según Joaquín, allí intentaron despertarlo con quemaduras de cigarrillo.
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El nuevo régimen represivo: más muertes que en los 90
“La represión no es nueva. Lo nuevo es el nivel de impunidad y la prohibición de protestar”. Así lo define María del Carmen Verdú, abogada y referente de CORREPI, en el informe anual presentado en marzo de 2025. Los datos son alarmantes: Más de 500 muertes por violencia institucional en un solo año de gobierno, el doble de las cifras registradas durante el pico del menemismo y por encima del promedio de las gestiones anteriores. A esto, se suman más de 350 personas detenidas por protestar desde diciembre de 2023.
Las fuerzas más implicadas: brigadas de civil en zonas vulnerables del AMBA. “Estamos ante un cambio de régimen. Se terminó la ficción de las libertades democráticas”, dice Verdú. “Las fuerzas que Javier Milei califica como héroes, hoy son el brazo armado de su brutal ajuste.” El informe de CORREPI subraya un patrón conocido: el crecimiento del gatillo fácil en villas y asentamientos. Las brigadas de la Policía de la Ciudad y la Bonaerense actúan sin control judicial, con cobertura política y complicidades internas que permiten encubrir cada caso.
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El costo de sobrevivir
Joaquín no puede abandonar el tratamiento psicológico, va a la psicóloga todos los viernes. Le cuesta hablar, revivir, recordar. Pero elige hacerlo. “Nos llevaron al Instituto Inchausti. A mí me esposaron, me llevaron en un camión de traslado. En el hospital lloraba viendo las noticias. Nos querían meter en una celda común, pero yo sabía que no había hecho nada.”
El papá de Joaquín llegó a la escena minutos después de que la Policía plantara un arma de juguete. Fue él quien logró que les sacaran las esposas. “Si mi viejo llegaba antes, capaz no llegaban a plantar el arma. A Lucas lo trasladaron al Hospital del Cruce, en Varela. Falleció el 18 a las 17:30. Todo el barrio estaba afuera. Todo ese cariño me sacó adelante.”
Pero la impunidad no terminó ahí. Hubo amenazas, daños al auto de su padre, custodia permanente y miedo. Aún hoy lo paran en la calle. Por ser morocho. Por vestirse deportivo. Por vivir donde vive.
“No quiero saber nada con la Policía. Miedo ya no tengo. ¿Qué peor cosa me puede pasar? Pero que no me hablen de justicia. A Lucas lo mataron, a nosotros nos torturaron y el que me dijo ‘negro de mierda’ y que me iban a dar un tiro… está libre.»
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Una maquinaria aceitada para reprimir pobres
Los datos de CORREPI, el silencio oficial y el discurso público del gobierno construyen un escenario donde el gatillo fácil deja de ser un “exceso” para convertirse en una política de Estado. El terror no es un efecto colateral: es el mensaje.
El caso de Lucas, como tantos otros, no fue un error. Es parte de un sistema que decide a quién cuidar y a quién matar.
En julio de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°25 de Capital Federal dictó una sentencia histórica: Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López y José Nievas los tres policías de civil que dispararon al auto fueron condenados a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado. Otros seis efectivos de la Policía de la Ciudad recibieron penas de entre 4 a 8 años por encubrimiento.
“Fue una condena ejemplar, pero yo no siento que se haya hecho justicia” dice Joaquín.
Mientras tanto las fuerzas del cielo represivas gozan de sus actos, los sobrevivientes a estos actos de impunidad y aberración viven con secuelas, con impotencia y con una verdad que incomoda.
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