Por Mario Canaviri. La Dirección Nacional de Migraciones en La Matanza marca un quiebre: 450 interceptados, la sombra de las deportaciones exprés y la instalación de una nueva norma persecutoria de migrantes en los barrios populares.
En un despliegue sin precedentes, el 23 de enero de este año, la Direccion Nacional de
Migraciones, acompañada de efectivos de la Policía Federal, hizo su debut oficial con una
política migratoria policial nunca antes vista en Villa Celina, La Matanza. Lo que el
Gobierno Nacional presenta como “operativo de seguridad”, para los vecinos y las
comunidades migrantes que habitan el barrio, esto es el modelo ICE (Immigration and
Customs Enforcement), la fuerza policial de choque antimigrantes que viene aplicando
Estados Unidos.
En este operativo fueron interceptadas 450 personas, pero solo 16 tenían problemas de
papeles. Lo que estamos viendo en Villa Celina es el estreno de la nueva Agencia
Nacional de Migraciones: un cambio de reglas donde el control de los extranjeros ya no lo
hace una oficina civil (Ministerio del Interior), sino que ahora depende directamente del
Ministerio de Seguridad. Esto significa que la Policía Federal tiene el poder de actuar
como un inspector de Migraciones en plena calle; pueden frenarte en la parada del
colectivo, revisar tus antecedentes con Interpol en el momento y decidir allí mismo si
notifican tu expulsión.
El argumento del gobierno es que se busca deportar a quienes tengan causas de robos,
narcotráfico; quienes, si tuvieran la voluntad, saben dónde deberían ir. Con este nuevo
paradigma, ellos buscan al costurero, al que vende chipa, al feriante, a la vecina que camina
al almacén; en sí, a los trabajadores migrantes que hacen un aporte a la economía
popular. Y si hablamos de seguridad, debemos hablar de la falta de asfalto, agua potable,
luz eléctrica, educación y acceso a la salud pública y no de un sello que es una falta
administrativa.
Es importante recordar que la Reforma Migratoria del 2025 modificó el Artículo 62 de la
Ley 25.871: el Estado ahora puede expulsar a personas por el solo hecho de estar
procesadas. Si un vecino migrante es detenido en una marcha por reclamar luz, ese solo
hecho podría ser usado para cancelar su residencia.
Donde antes el Estado disponía de puntos móviles para tramitar documentos, ahora es el
Estado quien te busca para notificarte que tu estadía tiene una advertencia. La
irregularidad migratoria en Argentina no es un delito penal, pero el despliegue en Celina
sugiere lo contrario. Migrar no es un delito, es un derecho humano.
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