“El tema de la mercadería, el tema de los alimentos, que han bajado muchísimo la cantidad, ha bajado la calidad, por lo menos antes recibíamos un pollo que pesaba 2.4 kilogramos, ahora están pesando 1.5 kilogramos con toda la furia”, aseguró a Efe Alejandra Lores, referente del movimiento Corriente Clasista Combativa de la villa 21-24.
Su reclamo a las autoridades abarca también más fondos para cubrir necesidades básicas en los espacios sociales como el gasto de gas, ya que afirman que con el subsidio que ahora obtienen, de 40 mil pesos (unos 432 dólares), “no alcanza”.
Además subrayan el riesgo añadido que tiene su labor de contención social en el contexto de pandemia, un periodo en el que han fallecido varios de los integrantes de las múltiples organizaciones que operan en los barrios más pobres de la capital.
La situación de los comedores se repite en todos los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, donde cerca de 50 mil trabajadores y trabajadoras llevan adelante las tareas comunitarias. En diciembre, el Gobierno nacional otorgó un bono de 5 mil pesos a trabajadores de comedores comunitarios que sostuvieron las tareas en el marco de la pandemia. En los barrios a este apoyo se lo conoce como la “Ley Ramona”, en homenaje a Ramona Medina, la referente de La Garganta Poderosa en la Villa 31, que murió de coronavirus en mayo del año pasado luego de advertir e insistir con el reclamo por la falta de agua en el barrio. “Acá las autoridades controlan todo, cuántos vecinos vienen, qué cantidad de raciones se llevan, pero cuando un día te quedás sin nada, como hoy, no hay respuestas”, señaló Galeano.
El reciente anuncio del Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que confirmó que los trabajadores de comedores comunitarios iban a tener prioridad dentro del plan de vacunación contra el coronavirus, generó sensaciones encontradas entre quienes llevan adelante estos espacios. “Si el Gobierno nos considera trabajadoras esenciales, entonces deberíamos cobrar un salario”, reflexionó Galeano. Uno de los reclamos de ayer ante el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, es la aplicación de la “Ley Ramona” a todas las trabajadoras de los comedores.
Además reclamaron por equipamiento y abastecimiento para los espacios; actualización de los subsidios para compra garrafas; inmediato pase al programa de los comedores asistidos; aperturas de nuevas bocas de comedores y merenderos; agua envasada y asistencia de camiones de agua para los espacios afectados por mala instalación; participación de los grupos en cada armado del menú estacional y conocimientos de las marcas de los productos permitidos.
Ante la falta de mercancías destacan que se están organizando con “los comités de crisis de cada columna” y apelando a la solidaridad individual, aunque esta “no alcanza”.
