Por Mario Canaviri
Se cumplen dos décadas de la tragedia más grande que marcó a la colectividad boliviana
en Argentina. El 30 de marzo de 2006, la avaricia de los empresarios textiles pudo más
que los derechos de los trabajadores de la costura. En ese taller de la calle Luis Viale, el
negocio valía más que la vida.
El dolor sigue abierto. El grito de justicia se siente cada vez que se acerca un aniversario
más de esa noche trágica, donde una llamarada de humo cubría la complicidad de los
responsables. Ellos dieron «libertad» para que los trabajadores bolivianos convivieran y
trabajaran hacinados frente a la máquina de coser, en un espacio precario de derechos
laborales y humanos. Seis personas fueron víctimas de la negligencia empresarial y judicial:
Juana Villca (25 años y embarazada de 5 meses), Wilfredo Quispe (15 años), Elías
Caravajal (10 años), Rodrigo Caravajal (4 años), Luis Quispe (4 años) y Harry
Rodríguez (3 años).
Son veinte años de impunidad. Aunque en 2016 la justicia condenó a los capataces
Eustacio Correa y Juan Manuel Sillerico por «reducción a la servidumbre», los verdaderos
dueños del negocio y del lugar —los que se enriquecieron con el sudor de los
trabajadores textiles— siguen libres. Esa falta de justicia es la que hoy sirve de
argumento para quienes proponen reformas laborales que nos devuelven al siglo XIX,
como si el sacrificio de estos trabajadores nunca hubiera ocurrido.
Hoy, ese sitio donde el fuego consumió sueños es el lugar donde los sobrevivientes luchan
para que sea un Espacio de Memoria. Del otro lado, los propietarios que gozan de la
libertad que les dieron los jueces piden que se les devuelva el lugar para fines comerciales.
Pero la historia de un barrio no se puede borrar con un contrato de alquiler.
La lucha tiene rostros claros: Lourdes Hidalgo y Luis Fernando Rodríguez. Lourdes vino
de Bolivia con la ilusión de una vida mejor, pero cayó en una pesadilla de jornadas de 15
horas durmiendo al lado de las máquinas. Hoy es la voz que acompaña a las Madres de
Plaza de Mayo cada jueves, transformando su dolor en un testimonio vivo.
Por su parte, Luis Fernando Rodríguez, padre de Harry, denuncia una traición que duele el
doble porque se disfrazó de ayuda. Según su testimonio, la Cooperativa Juana Villca
—manejada por Juan Vázquez— no solo usó el nombre de una de las fallecidas para lucrar,
sino que adentro repitió las mismas lógicas de explotación que juraron combatir. Duele
ver que herramientas que nacieron para liberar al costurero terminaron siendo un espejo de
los talleres clandestinos.
La realidad actual es desesperante. Aquellas cooperativas y emprendimientos que buscaron
dignificar el trabajo hoy son asfixiados por la economía. La apertura de importaciones y la
ropa barata que llega de China destruyen el esfuerzo local. Sin ventas ni apoyo, a muchas
familias migrantes no les queda otra que volver al taller familiar en el pasillo de la villa;
otra vez hacinados, otra vez invisibles. El sistema parece empujarlos de vuelta al mismo
sótano del que intentaron escapar hace 20 años.
No es casualidad que hoy vuelva el racismo junto con el ajuste. Es el mismo estigma de los
años 2000, donde la policía paraba a los trabajadores por «portación de rostro». Si vivís
en un barrio popular, te tiran operativos migratorios; si buscás el DNI, los costos se vuelven
impagables. Ser boliviano en Argentina hoy sigue siendo un ejercicio de resistencia
contra el hambre y el prejuicio.
A 20 años, Luis Viale es un recordatorio de lo que no puede volver a pasar. La verdad sobre
lo ocurrido en ese taller es un derecho que le pertenece a toda la comunidad. Porque
recordar no es una postura política, es un acto de humanidad para que el trabajo sea, de
una vez por todas, un camino de dignidad y no una trampa mortal.
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