Sociedad

La CIDH reclama medidas urgentes para la seguridad de personas detenidas en comisarías

La intervención se dio luego de que se comprobara la existencia de riesgo para la vida y la integridad física de las personas detenidas en comisarías.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció ante el Estado en la falta de políticas públicas para resguardar la vida y la integridad física y mental de las personas detenidas. Esta resolución afecta a 15 comisarías bonaerenses.

Luego de que la Comisión provincial por la Memoria (CMP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría de Casación provincial realizaran varias denuncias sobre el grave estado institucional e infraestructural de las comisarías. En noviembre del año pasado 10 personas fallecieron en el incendio de la comisaría 3a. de Esteban Echeverría, que estaba inhabilitada para alojar detenidos por orden de la Justicia y que al momento de la masacre tenía siete clausuras de las cuales seis eran por orden judicial y una por resolución del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, además de las comisarías de La Matanza y Lomas de Zamora, la ampliación alcanza a las siguientes dependencias: 2ª y 3ª de Esteban Echeverría, 1ª de San Martín, 5ª de Billinghurst, 1ª y 3ª de José C. Paz, 7ª y 8ª de Almirante Brown, departamental de investigación y 3ª de Quilmes, 1ª de Berazategui, 6ª de Lanús, 2ª de Moreno, 1ª y 8ª de Moreno-Gral Rodríguez.

En su conjunto, y según la información aportada por el Estado provincial, las dependencias policiales abarcadas por la medida cautelar alojan 386 personas. Esto representa el 12 % de los detenidos en comisarías.

La CIDH, tras avaluar la prueba recibida por parte de los tres organismos, solicitó al Estado argentino tomar una serie de medidas urgentes. Entre ellas se destacan:

a) Adoptar medidas para preservar la vida y la integridad, tomando en consideración grupos particularmente vulnerables, como mujeres y personas mayores.

b) Reducir estadías prolongadas y bajar los índices de hacinamiento, debiendo para ello: revisar si la situación de las personas privadas de la libertad se adecua a los estándares aplicables de prisión preventiva; hacer efectivas las clausuras judiciales ya dispuestas y establecer planes de emergencia.

La CIDH inscribe lo resuelto en un marco de crisis estructural del sistema penitenciario caracterizado por las desmedidas tasas de prisionización, el hacinamiento, las inhumanas condiciones de detención y la tortura sistemática. Tal como fue informado por los organismos a la Comisión, en enero se encontraban detenidas 48.660 personas. Esto representa una sobrepoblación del 120%. La tasa de prisionización es de 280 detenidos cada 100.000 habitantes. En las dependencias policiales hay 3.191 personas y el cupo reconocido por el Estado es de 1.007, es decir que la sobrepoblación es del 217%; 2 de cada 3 personas duermen en el piso.

Tal como expresaron los peticionarios de las medidas, de la última información oficial disponible surge que el 88% de las dependencias de la provincia cuenta con más personas que camastros; el 76% tiene instalaciones eléctricas riesgosas, sólo la mitad tiene matafuegos, sólo el 16% tiene sistemas de presurización con mangueras para apagar incendios, apenas el 6% tiene salidas de emergencias rápidas, únicamente el 2% de las comisarías tiene instalaciones eléctricas sin riesgo con mecanismos de extinción de incendios y salidas de emergencia. De esta manera, el riesgo inminente a la vida sigue vigente como parte de un problema estructural. En este sentido la CIDH destacó que “el Estado se encuentra en una posición especial de garante en tanto las autoridades ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia…”.
El 3 de marzo, un día después de cumplirse un nuevo aniversario de la Masacre de Pergamino, el Estado tendrá que informar las medidas efectivamente adoptadas en respuesta a la resolución de la CIDH.
Los peticionarios reiteran su reclamo a los tres poderes provinciales para que tomen medidas efectivas que permitan revertir la crisis humanitaria por la que atraviesan las personas privadas de libertad y evitar la repetición de casos como los de Pergamino y Esteban Echeverría, de los que se desprende su responsabilidad funcional por conocer las condiciones que los posibilitaron y omitir intervenir para que no ocurran.

COMISIÓN POR LA MEMORIA
CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES
DEFENSORÍA DE CASACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Fuente: Comisión por la memoria

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