Sociedad

El Papa Francisco avaló la creación de un comité judicial por los derechos sociales

Fue en marco de la Pontificia Academia de las Ciencias la Cumbre Panamericana de Jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana.

La Cumbre Panamericana de Jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, celebrada en el Vaticano los días3 y 4 de junio, con concurrencia de magiatrados de toda América, entre ellos el propio Raúl Zaffaroni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituyó un verdadero espacio de discusión de la pobreza en América, y la vulneración de los derechos sociales (vivienda, trabajo, alimentación, educación, salud, medio ambiente, entre otros).

El cierre con un ejemplar discurso del Papa Francisco, tuvo su consecuencia inmediata en la constitución de la Junta Promotora del Comité Panamericana de Jueces en Defensa de los Derechos Sociales, en la que fueron designados a propuesta del Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, el juez Roberto Gallardo y el asesor tutelar de cámara Gustavo Moreno, ambos de la justicia contenciosa administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, quienes se sentaron en el mismo panel de cierre junto al Santo Padre.

El Papa Francisco saludando al Asesor Tutelar Gustavo Moreno

Ambos magistrados, resistidos por muchos funcionarios del poder ejecutivo nacional y local, se han destacado en sus cargos por una indeclinable defensa de los derechos sociales, con mucha cercanía a los curas villeros, exigiendo a los poderes ejecutivos el cumplimiento de los derechos humanos.

El propio Papa Francisco firmó el Acta de Constitución del Comité Panamericano, en claro apoyo a la iniciativa. Además de Gallardo y Moreno integran el Comité Julia Figueredo Vivas (Colombia), Janet Tello Gilardi (Perú), Ana Inés Algorta Latorre (Brasil), Daniel Urrutia (Chile), y Tamila Ipema (Estados Unidos).

Dice la declaración:

Alertamos sobre el uso que en la actualidad se pueda hacer del poder judicial para modificar escenarios políticos y económicos en contra de los Derechos Humanos, desnaturalizando las funciones judiciales y destruyendo la democracia.

Resaltamos que los sistemas de comunicación concentrados, cuando actúan para presionar a los poderes públicos, en detrimento de los Derechos Humanos, pierden su esencia y hacen peligrar la institucionalidad, al sustituir los poderes públicos mediante operaciones mediáticas de dudosa legitimidad.

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