Por Mario Canaviri. El pedido de justicia se transformó en la lucha de mujeres migrantes que no solo sostienen las ollas populares, sino que hoy son el escudo frente a los discursos racistas y el desmantelamiento de las políticas públicas.
Un 10 de enero del 2001, una tragedia marcó un antes y después en la historia de la comunidad migrante: Marcelina Meneses y su bebe Joshua fueron empujados a las vías del Tren Roca tras un ataque xenofobo que nació de un grito que luego murió en el silencio de la impunidad. Pasaron 25 años del crimen de racismo y odio y a la fecha la respuesta de la justicia de Lomas de Zamora es tener la causa archivada demostrando que para el sistema judicial hay vidas que valen y otras que no. Sin embargo, lo que el Poder Judicial no pudo tapar es la construcción popular encabezada por mujeres migrantes, que defienden la memoria, la justicia y la verdad a través de la organización.
Quien se cargó en los hombros esta lucha de pedido de justicia fue Reina Torres, argentina y cuñada de Marcelina, quien falleció en marzo del año pasado. Ella empezó a convocar movilizaciones exigiendo justicia y sumando columnas de vecinos que se mostraron consternados por el crimen. Ella no se quedó ahí; fundó el Centro integral de la Mujer “Marcelina Meneses” en Ezpeleta y llegó a ser Directora de Migraciones en Quilmes. Sin embargo su mayor logro fue sembrar semillas de profesionales que fortalecen las redes comunitarias en los barrios populares comprendiendo que la mejor respuesta a los discursos xenófobos era una comunidad formada: con mujeres que sostienen la economía social.
Hoy, el legado de Reina es sostenido por las referentas “anónimas” de Quilmes, mujeres que en nuestros barrios populares como Villa Itatí, Villa Azul, La Matera, entre otros, sostienen la olla popular y el tejido barrial. Ellas son las «Marcelinas» que sobrevivieron y que hoy son la primera línea de defensa frente a la crisis económica que vive el país. Muchas veces invisibilizadas por los medios de comunicación tradicionales pero que, medios como Mundo Villa, ellas son nuestras protagonistas, nuestras primeras fuentes de información, quienes conocen los pasillos, los espacios sociales, son quienes nos transmiten sus culturas latinoamericanas. En el Conurbano, ser referenta migrante es un ejercicio democráticos de todos los días, el plato de comida no puede faltar en la mesa de las familias, si no hay, ellas hacen que aparezca. Jamás sabremos cómo. Son «madres de todos» que nos cuidan allí donde el Estado no llega.
En las villas, es la fuerza de las mujeres migrantes que mueven el motor de la economía popular. En ese contexto, la lucha se hizo ley: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promulgó la Ley 4409 el cual establece el 10 de enero como el Día de la Mujer Migrante, y por eso se siente como una conquista que nació desde los barrios. Si bien en el artículo 3 de esta ley el Gobierno Municipal debe difundir los derechos de los migrantes es la organización vecinal la única fuente segura para muchos vecinos y vecinas. Hoy, el desafío de ellas es doble: Tras el cierre definitivo de organismos como el INADI —espacio que históricamente veló contra el racismo y la xenofobia—, por parte del Gobierno Nacional, la protección de los derechos migrantes quedó prácticamente en manos de las organizaciones populares.
Como migrantes, como periodistas, como vecinos de nuestros barrios, sabemos que la justicia no es solo palabras que quedan en legajos: justicia es que la compañera que sirve cientos de platos por día sea reconocida como trabajadora de la economía popular. La verdadera sentencia por Marcelina no llegará solo de los tribunales, sino de nuestra capacidad de decir basta racismo y políticas que promueven la xenofobia. A 25 años, el nombre de Marcelina Meneses y el legado de Reina Torres nos recuerdan que el barrio es nuestra primera frontera y que, mientras haya mujeres organizadas, no hay tren que pueda descarrilar nuestros derechos.
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