Domingo 22 de Abril de 2018 -

Secciones Opciones
Contacto
Urbanidad
Lunes 16 de Abril de 2018

Camino de sirga, la historia sin fin

Otra vez la justicia advirtió sobre deficiencias en el cumplimiento del plan de saneamiento del Riachuelo y requirió que en 30 días se establezcan nuevos plazos “ciertos y fundados” para atender a los objetivos de la sentencia, que ya tiene una década.

En el marco de la causa de saneamiento y recomposición de la  cuenca Matanza Riachuelo, la Corte había llevado a cabo una  audiencia pública el 14 de marzo para que el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, y la  Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) informaran  sobre el avance del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA).

Tras ello, la Corte advirtió ahora sobre “dos deficiencias  estructurales” que persisten desde la primera audiencia realizada  hace casi 12 años: la primera es la “debilidad institucional” de Acumar, especialmente remarcada por la Auditoría General de la  Nación, que informó, entre otros aspectos, acerca de la sub  ejecución presupuestaria (cercana al 41% en 2016); la falta de continuidad en la ejecución de proyectos, y las fallas en el  sistema de control sobre el Fondo de Compensación Ambiental.

La segunda deficiencia marcada por la Corte radica en la  “insuficiencia del sistema de medición para poder constatar el  nivel de cumplimiento de la sentencia”, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Respecto de los objetivos puntuales del plan de remediación, la Corte señaló -en base a la información brindada por los funcionarios en la audiencia pública- que “el estado de avance del plan es muy lejano al de su pleno cumplimiento”.

En lo que concierne a la prevención de la contaminación industrial, marcó que de los 1.385 establecimientos industriales declarados agentes contaminantes, resta reconvertir 880; también manifestó que el retraso del proyecto “ACUBA” para la construcción de un polo industrial curtidor y de una planta de tratamientos de efluentes líquidos es significativo.

Con relación al saneamiento de basurales y limpieza de márgenes se advirtió sobre la reinserción de basurales a cielo abierto y la debilidad del sistema de recolección de residuos a cargo de los municipios.

En referencia a la expansión de la red de agua potable y cloacas, los estados demandados reconocieron demoras muy importantes en la licitación del emisario submarino de la planta de Berazategui que se estaría terminando en el año 2022, y en la construcción del sistema Riachuelo (construcción del Colector Margen Izquierdo, la Planta de Pretratamiento y el Emisario Submarino), que recién estaría terminado en conjunto en 2021, a pesar de que los plazos originales preveían su terminación una  década antes.

Respecto de la relocalización de villas y asentamientos  precarios, el nivel de cumplimiento del Convenio Marco de 2010 es “extremadamente bajo”, indicó el máximo tribunal: aun sin  considerar el crecimiento poblacional, a 8 años se han terminado  solamente 3.992 viviendas sobre las 17.771 proyectadas (es decir un 22% del total).

Además, se remarcó en particular que la liberación del camino de sirga en la Ciudad de Buenos Aires sufre un notorio retraso a la altura de la Villa 21-24.

En relación con el Plan Sanitario de Emergencia, se señaló que  sigue pendiente el cumplimiento de una condición elemental  referida a la confección de un mapa de riesgo sanitario ambiental.

Y se advirtió que de los 632 barrios a ser relevados, en el  año 2017 solamente se evaluaron 37: la Corte concluyó que de  seguirse los objetivos que informa Acumar, en el año 2023 se tendrá recién un relevamiento de tan solo algo más de un tercio de los barrios o asentamientos vulnerables.

En este marco la Corte afirmó que transcurridos diez años  desde la sentencia que aprobó el plan de saneamiento resulta “inocultable su incumplimiento” y puso de relieve que el carácter obligatorio de los plazos conlleva las responsabilidades de la ACUMAR y de los estados demandados.

También advirtió que el incumplimiento de los plazos podría comprometer las responsabilidades que la ley establece para el caso de un apartamiento de los deberes propios de la función pública.

Sin embargo, subrayó que la responsabilidad de los funcionarios deberá sujetarse a las especiales características de esta causa en la que se pone de manifiesto “una problemática social que debe resolverse de modo eficiente y evitando situaciones que conduzcan a dilatar en el tiempo su solución”.

El tribunal requirió entonces que en el término de 30 días, la  ACUMAR presente plazos “ciertos y fundados” de cumplimiento de los objetivos del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA), teniendo en cuenta que algunos de ellos ya fueron informados por los responsables en la audiencia pública del 14 de marzo.

Se trata de la finalización del emisario subfluvial de la  planta Berazategui de 7.5 km en el año 2022; la construcción y  puesta en funcionamiento del Sistema Riachuelo (lotes 1, 2 y 3)  en marzo de 2021; la construcción y puesta en funcionamiento del Parque Industrial ACUBA y de la planta de tratamiento de sus efluentes industriales en julio de 2020; la liberación total del camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires ven el año 2019.