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Domingo 28 de Agosto de 2016

De Patria Grande a Patria Chica: Una cárcel para los inmigrantes

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación; y Martín Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad porteño, firmaron un convenio por el cual la Ciudad dispondrá de un inmueble que albergará a extranjeros con antecedentes penales o ingresados al país en forma ilegal.

Los encargados de la Seguridad en Nación y Ciudad firmaron, junto al director Nacional de Migraciones (DNM) del Ministerio del Interior, a Horacio García, un convenio por el cual el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño entrega en comodato a Migraciones un inmueble ubicado en Pasaje Colmo 3860, Nueva Pompeya.

Estará destinado “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871 en carácter de comunicados y a disposición de Migraciones al sólo y único efecto de cumplir la orden de expulsión dictada respecto de un extranjero” dice el comunicado oficial. En tanto, la Policía Federal se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos. En la fecha mencionada el director García tomará posesión de su triste cárcel migratoria pero aseguró que la pondrá en condiciones con “agua caliente y espacios recreativos” dice Victor Ramos en su nota en el diario Perfil.


Alvaro Fontana de la Defensoría de Inmigrante aseguró que “las distintas convenciones de derechos humanos de las Naciones Unidas para las políticas migratorias, de la que nuestro país es firmante, apuntan claramente que la detención de personas por motivos de regulación migratoria atenta contra el derecho a la libertad misma y la criminalización del derecho a la libre circulación”.
Estas medidas desproporcionadas que el gobierno nacional implementa tendrán pronta respuesta tanto de organismos internacionales como de las colectividades de residentes latinoamericanos en nuestro país.

Como si la represión fuera poca cosa, el director de migraciones aumentó por su cuenta y orden en un doscientos por ciento los aranceles para los trámites a los inmigrantes.

Sería bueno recordar que no haber completado el papelerío de residencia, que la propia oficina de migraciones complica y demora, no implica delito alguno. Las detenciones y expulsiones que sueñan estos funcionarios xenófobos deberían alertar a la justicia y también al INADI. Pero este organismo se encuentra intervenido por el partido gobernante y sus empleados no se atreven a denunciar estos hechos. 

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