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Sábado 23 de Abril de 2016

El Centro de Estudios Legales y Sociales denuncia contradicciones en políticas antdrogas

La organización no gubernamental argentina evaluó la participación de la canciller Susana Malcorra durante la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas, realizada esta semana en Nueva York.

  • Mefgaoperativo antidrogas en Villa 31

El CELS consideró que la posición argentina fue ambigua porque Malcorra celebró la comprensión y el consenso de que los derechos humanos son una parte esencial e indivisible para abordar y resolver el problema de las drogas, al tiempo que alentó el “combate frontal al narcotráfico”.

La entidad resaltó que la funcionaria argentina se refirió repetidamente al “flagelo” de los estupefacientes, en línea con las posiciones más aferradas al paradigma vigente de la “guerra contra las drogas”.

Consideró que esta ambigüedad no se refleja en las políticas del Estado argentino, que han priorizado la respuesta del sistema penal en desmedro de la salud pública y de la posibilidad de regulación y control de estas sustancias.

“En enero, el gobierno declaró una emergencia en seguridad y ha llevado adelante operativos policiales como el de la Villa 31 que estigmatizan barrios enteros”, recordó el CELS.

Indicó que, además, el sistema penal argentino (la policía, las cárceles y la justicia) cotidianamente produce graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la lucha contra las drogas.

“Mientras que no se encare la revisión de la actual ley de drogas, seguirá existiendo una contradicción entre los objetivos de dedicar los esfuerzos a los grandes actores del tráfico y lo que pasa en la realidad: detención y encarcelamiento de personas vulnerables y actores menores”, señaló.

La organización explicó que para lograr que las políticas públicas se centren en las personas, el Estado debe disponer de más recursos para la reducción de daños, la educación, la prevención y el trabajo territorial.

“Aún cuando el proceso que culminó esta semana en la cumbre en Nueva York no logró avanzar en la revisión integral del sistema internacional que rige hace 40 años, quedó expuesto el quiebre del consenso sobre el paradigma prohibicionista”, subrayó.

El CELS consideró que este cambio “exige a la Argentina la reforma de sus prácticas para el desarrollo de políticas enfocadas en los derechos humanos y la reducción de la violencia”.